Un Tribunal Federal concedió un amparo al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, y dejó sin efecto el auto de formal prisión dictado en su contra por delitos contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento para la comisión de estos ilícitos. Pese a este revés judicial para la Fiscalía General de la República (FGR), el también exmilitante priista permanecerá en prisión mientras se celebra una nueva audiencia para definir su situación jurídica.
Amparo no libera a Yarrington, pero sacude el caso
La sentencia fue emitida por la magistrada Angélica Lucio Rosales, integrante del Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Nuevo León, quien ordenó dejar sin efecto el auto de formal prisión dictado en abril de 2025 y confirmado en octubre por un tribunal de Tamaulipas. La resolución precisa que el amparo solo es para que se reponga el procedimiento y se celebre una nueva audiencia, por lo que Yarrington continuará recluido en el penal de El Altiplano, en el Estado de México.
El nuevo pronunciamiento deberá emitirse con “plenitud de jurisdicción”, es decir, revisando de forma integral las pruebas, tanto de cargo como de descargo, y fundamentando de manera exhaustiva las razones para valorar o desechar cada una. Esto abre la puerta a un escenario en el que el proceso se fortalezca o se debilite, dependiendo de cómo sean analizados los elementos probatorios y los testimonios clave.
Fallas en la valoración de pruebas y derecho de defensa
Lucio Rosales determinó que las autoridades que confirmaron el auto de formal prisión no cumplieron con los estándares mínimos de legalidad, exhaustividad, fundamentación y motivación exigidos por la ley. En particular, señaló que el tribunal de Tamaulipas omitió valorar pruebas de descargo presentadas por la defensa de Yarrington antes de la audiencia, lo que afectó directamente su derecho a una defensa adecuada.
De acuerdo con la sentencia, parte de la acusación se sostuvo en testimonios y declaraciones recabadas en otras averiguaciones previas y solo incorporadas a la causa penal mediante copias certificadas. La magistrada consideró que estos dichos no pueden tomarse como prueba plena porque no fueron desahogados ante la autoridad jurisdiccional que conoce del proceso, lo cual impidió que el acusado los controvirtiera en igualdad de condiciones.
Los señalamientos por nexos con el Cártel del Golfo
El caso contra el exgobernador se vincula con acusaciones de la FGR que apuntan a que el Cártel del Golfo habría financiado su campaña a la gubernatura en 1998 y otorgado apoyo logístico y económico durante su administración. La imputación se apoya principalmente en testimonios de testigos colaboradores, incluidos informantes que habrían tenido relación con estructuras criminales y que señalan aportaciones millonarias en efectivo.
Uno de estos testigos aseguró haber entregado un millón de dólares a Yarrington en Reynosa, versión que la defensa ha catalogado como imprecisa y carente de detalles sobre fechas, lugares y circunstancias concretas. La decisión del tribunal de revisar el peso de esos testimonios y de excluir aquellos que no cumplan con los criterios fijados por la Suprema Corte podría modificar de fondo el andamiaje probatorio del caso.
Un proceso largo, lleno de recursos y reveses judiciales
El proceso penal en México contra Tomás Yarrington se reactivó después de su regreso al país, luego de haber sido detenido en Italia en 2017 y enfrentar cargos en Estados Unidos antes de su entrega a autoridades mexicanas. Fue en abril de 2025 cuando un juez federal le dictó auto de formal prisión por delitos contra la salud relacionados con narcotráfico, resolución que un tribunal de apelación en Tamaulipas confirmó en octubre de ese mismo año.
Con el amparo reciente, el tribunal de Matamoros deberá reexaminar el expediente, ahora obligado a valorar las pruebas de descargo y a prescindir de declaraciones que no se ajustan a los criterios de validez procesal. Mientras tanto, la FGR aún puede impugnar esta determinación mediante recurso de revisión, por lo que el futuro judicial del exgobernador sigue abierto y marcado por la disputa en torno a la fuerza de los testigos protegidos.