Aprueban financiación y reabren el Gobierno tras 43 días históricos
El 12 de noviembre, el presidente Donald Trump firmó la ley que pone fin al cierre más largo de la historia reciente del Gobierno federal de Estados Unidos, tras 43 días sin operaciones por falta de acuerdo presupuestario. El Congreso aprobó el paquete con 222 votos a favor y 209 en contra, garantizando fondos para la mayoría de las agencias hasta el 30 de enero de 2026 y un año completo para sectores como Defensa, Agricultura y Asuntos de Veteranos. La medida permite la reincorporación de más de cuatro mil empleados despedidos desde octubre y el pago retroactivo de salarios a más de 1.3 millones de trabajadores federales afectados.
El cierre interrumpió vuelos, paralizó programas sociales como los cupones alimentarios (que dejaron de recibir 42 millones de estadounidenses) y provocó pérdidas económicas estimadas hasta en 1.5% del PIB del trimestre, generando gran presión política sobre ambos partidos.
Cláusula polémica de la nueva ley y consecuencias
El paquete incluye una controvertida disposición que autoriza a senadores a demandar al Departamento de Justicia por registros telefónicos interceptados durante la investigación del asalto al Capitolio de 2021, con compensaciones de hasta medio millón de dólares. Esta cláusula, introducida en las últimas negociaciones, fue criticada incluso por miembros del propio Congreso por la falta de transparencia y consulta.
Republicanos y demócratas alcanzaron este acuerdo tras semanas de desacuerdos, sobre todo por la falta de consenso respecto a los subsidios sanitarios, lo que finalmente propició la exclusión de la ampliación del Obamacare y otras coberturas médicas del acuerdo. La reapertura busca restaurar la operatividad de los servicios, normalizar poco a poco el tráfico aéreo y asegurar el acceso a beneficios públicos antes de la siguiente discusión presupuestaria en enero.
Impacto social, político y económico de la crisis
Durante el cierre, miles de empleados públicos fueron despedidos temporalmente o cesados, los servicios esenciales y de infraestructura quedaron suspendidos y la confianza pública en el Congreso se vio afectada por la prolongación del impasse político. La reapertura ha sido considerada tanto un respiro para millones de familias como un triunfo momentáneo para la administración Trump, pero la sombra de otro cierre permanece mientras no se resuelvan las diferencias más profundas en materia presupuestaria y social.