El Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas, encabezado por Mariela Estefanía Zurita Lugo —quien asistió en representación del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González—, firmó un importante convenio de colaboración con el Sistema DIF Ciudad Madero para garantizar atención jurídica gratuita a la población.
La ceremonia de firma se realizó en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Ciudad Madero, con la participación de la presidenta del DIF, Dunia Marón, y la directora general del organismo, Neffertitti Constantino Martínez. Este acuerdo interinstitucional tiene como propósito principal brindar defensa legal sin costo a niñas, niños, adolescentes y a cualquier persona del municipio, con especial atención a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Un paso firme hacia la justicia social
Mariela Estefanía Zurita Lugo destacó que este convenio representa un avance significativo para acercar la justicia a quienes más lo necesitan. “Este convenio es un paso firme en la consolidación de una justicia más cercana, sensible y efectiva para la ciudadanía. Refrendamos nuestro compromiso de brindar defensa legal con profesionalismo y sentido humano, especialmente a quienes más lo necesitan”, afirmó.
El acuerdo responde a la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya de construir un Estado con justicia social y garantizar los derechos de todas las personas. A través de este trabajo coordinado, se facilitará la canalización de casos para recibir acompañamiento jurídico profesional, gratuito y especializado en diversas ramas del derecho.
Áreas de atención jurídica gratuita
Los servicios que ofrece el Instituto de Defensoría Pública abarcan las áreas civil, familiar, mercantil, penal y justicia para adolescentes. Estas acciones aseguran que quienes no cuentan con recursos para contratar un abogado particular tengan acceso a una defensa de calidad, fortaleciendo así la protección integral de los derechos humanos.
Tanto el Instituto como el DIF Ciudad Madero refrendaron su compromiso de trabajar en conjunto para proteger los derechos fundamentales de la población y promover una sociedad más justa, incluyente y solidaria. Este esfuerzo interinstitucional se traduce en oportunidades reales de acceso a la justicia para quienes más lo requieren.
