Megaoperativo retira productos prohibidos
En el marco de la entrada en vigor de la prohibición de vapeadores y cigarrillos electrónicos, autoridades de la Ciudad de México decomisaron más de 50 mil de estos productos durante un operativo realizado el 9 de enero en el Centro Histórico. Dentro de una bodega ubicada en la calle Manuel de la Peña y Peña se hallaron 50 mil 376 cigarros electrónicos y vapeadores, mismos que fueron asegurados y posteriormente entregados a la Agencia de Protección Sanitaria federal para su destrucción.
El responsable del inmueble fue detenido, y durante la intervención las autoridades también arrestaron a un hombre de 26 años que portaba dos armas de fuego y marihuana, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.
Mercancía valuada en 10 millones de pesos
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que si cada vapeador cuesta entre 150 y 200 pesos, el aseguramiento representa aproximadamente 10 millones de pesos fuera del mercado ilegal. “El Centro Histórico debe estar libre de mercancía ilegal”, declaró la mandataria capitalina durante un acto realizado a un costado de la Plaza de la Constitución.
Estas acciones se suman al retiro previo de 24,572 productos considerados mercancía ilegal que se ofrecían en la zona, reforzando la aplicación de la prohibición nacional que entró en vigor el 16 de enero de 2026.
Reforma no criminaliza a consumidores
La fiscal general de Justicia de la CDMX, Bertha Alcalde, enfatizó que la reforma a la Ley General de Salud no criminaliza a las personas, es decir, no persigue a los ciudadanos ni penaliza el consumo individual. “Lo que la ley prohíbe es el negocio, el lucro y la comercialización de dispositivos que generan daños comprobables a la salud, especialmente entre niñas, niños y adolescentes”, refirió la funcionaria.
La fiscal destacó que aunque parezcan inofensivos, los vapeadores implican riesgos reales y acumulativos para la salud. “No se trata de castigar por castigar, se trata de prevenir daños, cerrar mercados ilegales y proteger a quienes más lo necesitan”, agregó.
Sanciones para infractores
La normativa establece que para quienes infrinjan la prohibición, las sanciones pueden alcanzar de uno a ocho años de prisión y multas de hasta dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Las autoridades capitalinas advirtieron que los operativos coordinados continuarán como parte del proyecto de recuperación del Centro Histórico, con coordinación entre dependencias locales y federales.